//Gina Millan, organizadora comunitaria de la Colorado Organization for Latina Opportunity and Reproductive Rights (Organización de Colorado para las Oportunidades y los Derechos Reproductivos de las Latinas), en su oficina en el centro de Denver el 2 de agosto. Foto de Polina Saran | polinasaran@gmail.com
Nota de la Editora: En este artículo se hace referencia a dos mujeres con seudónimos para proteger sus identidades. Se utilizaron traductores de español a inglés para las tres mujeres. Este artículo ha sido traducido al español por Amelia Petrini. El artículo original en inglés se puede encontrar aquí.
El 6 enero, con el trazo de un bolígrafo, el Gobernador de Colorado Jared Polis firmó la propuesta Senate Bill 21-9. La propuesta marcó un cambio significativo en la política de Medicaid del estado proporcionando indocumentados con acceso libre a los recursos reproductivos, incluyendo control de natalidad.
“Este proyecto de ley ayudará a asegurar que mujeres joven no deberían renunciar sus sueños y sufrir como yo,” dijo Maria, una mujer indocumentada que mudo a Colorado hace 20 años con sus hijos.
Patrocinada por la Senadora Sonya Jaquez Lewis y Representativa Yadira Calavera, esta propuesta también fue el producto del trabajo duro de organizaciones locales, incluso la Colorado Organization of Latina Opportunity and Reproductive Rights (Organización de Oportunidad Latina y Derechos Reproductivos de Colorado), o COLOR. El coraje de los individuos como Maria, que estaban dispuestos a hablar abiertamente sobre el impacto que tendría este proyecto de ley, también fue imperativo para el avance de este proyecto de ley.
El proyecto de ley entra en efecto el 1 de enero de 2022, y los servicios se ofrecerán a través de la estructura de Medicaid ya existente en el estado. En este momento, las personas indocumentadas no tienen acceso al programa de salud y no reciben beneficios en Colorado. Este proyecto de ley trabaja para utilizar Health First Colorado, el nombre oficial para el programa de Medicaid en Colorado, para proveer cuidado reproductivo, ya que fondos federales no pueden ser usados para soportar a las personas indocumentadas. Colorado es el tercer estado en los EE. UU. que asignará fondos a través de Medicaid para poner los recursos anticonceptivos a disposición de los residentes del estado independientemente del estatus de ciudadanía o immigración. En 2017 el estado de Oregón aprobó una ley similar dirigida hacia las personas indocumentadas, con el estado de Washington siguiendo dos años después.
Al compartir su experiencia como una inmigrante indocumentada en Colorado, Maria expresó un sentimiento de derrota y miedo. De las dificultades de obtener trabajo, hasta lidiando con el estigma de ser considerada una “gorrona” gracias al estatus de su ciudadanía, las barreras que ha encontrado aquí en Colorado con frecuencia se sienten más amplificadas de las que tenía cuando vivía en California.
Mientras Colorado todavía tiene obras que hacer cuando viene al tema de los derechos de las personas indocumentadas, Maria siente un censo de esperanza y cree que SB 21-9 aliviará algunas de las tensiones que siente su comunidad.
“Las mujeres jóvenes merecen una oportunidad de vivir antes de decidir ser padres, una oportunidad que nunca fue aprovechada a mi,” dijo Maria.
Colorado tiene una historia de obrar con comunidades diferentes sobre el asunto de acceso a la salud reproductiva. Por ejemplo, la Colorado Family Planning Initiative ha ayudado a disminuir el embarazo adolescente en todo el estado a través de anticonceptivos gratis y acceso a clínicas. Pero, como este programa es fundado por Medicaid, los adolescentes indocumentados no pueden accederlos. En 2019, 1,437 de 2,368 de los nacimientos adolescentes fueron atribuidos a Latinas. El embarazo adolescente en la comunidad Latina es el doble de sus contrapartidas blancas.
La comunidad Latina constituye el 21.8% de la población de Colorado, con muchos de la población indocumentada originando de los países de América central y del sur. El proyecto de ley nota que 27% de Latines en Colorado están sin seguro–haciéndoles la población sin seguro más alta del estado. Sin seguro, las pastillas anticonceptivas pueden costar hasta $600 cada año. De acuerdo al National Women’s Health Network, soluciones más permanentes como implantes o dispositivos intrauterinos pueden costar más de $800-1000.
A contrario de estereotipos generalizados, los inmigrantes indocumentados no están viviendo gratis en los Estados Unidos. Gina Millan, un organizador comunitario por contrato en COLOR, se mudo a Colorado de México para huir de la violencia y es muy familiar con las equivocaciones sobre las comunidades indocumentadas.
“Nosotros pagamos impuestos; trabajamos duro, y lo hacemos todo sabiendo que no vamos a obtener acceso a las mismas cosas que tienen los Estadounidenses,” dijo Millan.
Investigaciones revisadas por la Oficina de Presupuesto del Congreso no partidista indica que entre 50% y 75% de inmigrantes no autorizados pagan impuestos federales, del estado, y locales. De hecho, estiman que pagan $7 mil millones cada año en la seguridad social, aunque ellos actualmente no se benefician del programa.
En un sistema de salud donde la cobertura basada en el empleador domina, la comunidad Latina carece de seguro médico principalmente debido a que están más propensos a trabajar para empleadores que no ofrecen cobertura o no están cubiertos en los planes de la firma. Aunque seguro privado está disponible, planes de familia que cuestan más de $1000 por mes no son factibles con trabajos mal pagados.
“No podemos pagar para control de la natalidad sin seguro, especialmente cuando ya estamos haciendo varios trabajos para poner comida en la mesa,” dijo Elena, una inmigrante indocumentada que vive en Colorado rural que testificó antes oficiales electos cuando esta propuesta legal fue traído al piso.
Elena, que no solo proporciona financieramente aquí en Colorado pero también manda dinero a sus parientes en México, sintió un peso levantando cuando escuchó que pasó la propuesta legal.
“Es importante, porque como madre de hijas, les puedo mostrar que no tienen que tener miedo,” dijo Elena. “Ellas van a tener la habilidad de tomar decisiones sobre su propios cuerpos y la trayectoria de sus futuros.”
La gente indocumentada e inmigrantes se enfrentan a una multitud de barreras para acceder a los anticonceptivos y cuidado reproductivo comparado a los ciudadanos nacidos en los EE. UU. De acuerdo al Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, 71% de esta población informó que no tenían cobertura de seguro médico en 2011.
Encima de no tener seguro, la proximidad a recursos también tiene parte en la incapacidad de acceder al control de natalidad. De acuerdo a data de Power to Decide, más de 300.000 Colorados viven en desiertos anticonceptivos, que quiere decir que residentes del condado faltan acceso razonable a un centro saludiario que ofrece una gama completa the métodos anticonceptivos. Muchos de los desiertos anticonceptivos se pueden encontrar en las áreas rurales de Colorado, agregando una barrera física al cuido encima del estado de documentación.
“Yo vivo en un pueblo que es muy pequeño, y tenemos que viajar una hora a un local que ofrece cuidado de la salud,” dijo Elena. “Con el precio de gas y pago bajo, no es factible, especialmente cuando tengo que pagar por anticonceptivos cuando llego ahí.”
COLOR, una organización sin ánimo de lucro que labora para asegurar que Latines y sus familias puedan acceder oportunidades y recursos para la salud de mente, cuerpo, y espíritu, ha liberado la carga para SB 21-9 desde el otoño de 2020.
“Esta propuesta ha pasado mucho tiempo,” dijo Katherine Riley, gerente de políticas de COLOR. “Tratamos de pasar una propuesta más exhaustiva que iba expandir Medicaid para cubrir una amplia gama de servicios de salud reproductiva, incluyendo el cuidado prenatal y posparto y asesoramiento para enfermedades de transmisión sexual para nuestra comunidad indocumentada. La propuesta nunca fue introducida, y después de eso que con COVID nos quedamos retenidos en 2020, decidimos traer un pedazo de esa legislación original al frente este año.”
La expansión de Medicaid inicialmente fue intentado ser un plan de tres-a-cinco años, pero COLOR estaba gratamente sorprendido de ver la propuesta pasar en solamente un año. Riley acredita el éxito rápido de sus obras a la directora anterior de COLOR, Karla Gonzales Garcia. Como una inmigrante ella misma, aseguró que la propuesta estaba en su propia posición en el sector de salud. Con su guía, COLOR fue capaz de construir relaciones fuertes con organizadores y legisladores.
Aunque COLOR está celebrando sus éxitos, no han terminado sus trabajos. Con programas que soportan una amplia variedad de grupos Latinos, COLOR continua a romper barreras. Tienen programas diseñados específicamente para jóvenes, incluso su grupo Latinas Increasing Political Strength (Latinas Creciendo Fuerza Política) y Youth of COLOR (un Juventud de COLOR) programa de compañerismo. También lideran programas dirigidos a los padres, incluyendo una línea de ayudas dirigido al embarazo y cuidado posparto.
COLOR espera que propuestas como SB 21-9 servirá como un escalón para eventualmente ofrecer la gama entera de recursos y oportunidades que fueron parte de la propuesta original hace unos años.
“Para nosotros, este trabajo no se trata del hecho que la mayoría de inmigrantes pagan impuestos y contribuyen mucho en sus comunidades,” dijo Riley. “Se trata de los derechos humanos. Estos son personas viviendo en nuestras comunidades que deberían ser tratados con respeto y dignidad.”
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